Hay preocupación en Entre Ríos por la baja de pensiones por discapacidad

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Finalmente, aseguró que la medida del gobierno atenta contra lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2014 adquirió jerarquía constitucional.

El informe, elaborado en base a los datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social, indica que llegan a 11.427 las pensiones hacia las madres de siete hijos mientras que las bajas y suspensiones por invalidez llegan a 71.706.

El gobierno de Mauricio Macri ya apela a las estrategias más polémicas para bajar el déficit fiscal que atraviesan.

El Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, aseguró que las bajas efectuadas tienen su causa "exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios".

El Ministerio que comanda Carolina Stanley reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con "invalidez".

"El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión", explicó D'Alessandro.

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-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto.

De acuerdo con la ley 25.689 el Estado tiene la obligación de garantizar al menos el 4% de sus cargos a personas con discapacidad. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.

En ese sentido, subrayó que "las pensiones por discapacidad no solamente están asociadas a la discapacidad laboral, que en muchos casos se han otorgado de manera incorrecta en los últimos años, sino que también está asociada a la vulnerabilidad del grupo familiar".

En la breve reunión en minoría que realizó la comisión de Discapacidad, el representante de la Multisectorial por la Discapacidad, el mendocino Germán Ejarque, puntualizó que la quita de pensiones no contributivas "se hizo sin haber tenido en cuenta criterios socioeconómicos" y pidió la derogación del decreto 432/97. También reconoce "que hay hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad" y atribuye esa demora a "la burocracia estatal".

"Siguen justificando lo injustificable, en Argentina hay 5 millones de PCD, según reconoció hace menos de dos meses en la presentación de un supuesto Plan Nacional de Discapacidad la vicepresidenta Gabriela Michetti, o sea que esas personas hoy deberían gozar del beneficio que significa una pensión no contributiva, que es una ayuda elemental para llevar adelante una vida digna. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo".

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