Activistas y periodistas denuncian a gobierno mexicano por espionaje

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Estas agencias federales habrían gastado al menos 80 millones de dólares en el programa Pegasus, NSO Group es la empresa que fabrica el software y es de origen israelí, según se informa.

"Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo".

"El respeto a la privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho", se lee en la carta, atribuida a Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales de la Presidencia.

Además, llamó a los afectados a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), para iniciar las investigaciones.

Hasta el momento es la única declaración formal por parte del Estado respecto a la publicación de esta mañana por parte de NYT.

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También por presuntamente "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución" y "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución" .

Las víctimas ofrecieron una conferencia de prensa luego de que se divulgara un informe en el que se documentan más de una decena de nuevos casos de espionaje con el programa Pegasus, vendido al Gobierno de México.

Entre las víctimas de espionaje se encuentran los abogados que trabajan en la investigación de la desaparición los 43 estudiantes de Ayotzinapa; Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Carmen Aristegui, una de las periodistas más reconocidas del país, así como su hijo Emilio; Stephanie Brewer, una estadounidense que representa víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

Las personas en la mira del gobierno mexicano recibieron diversos mensajes de texto en sus celulares, que con amenazas o fake news buscaban que dieran clic en ligas de internet que automáticamente descargan e instalan el virus.

Los casos de espionaje ciudadano no son novedad en México.

El gobierno mexicano, de acuerdo con The New York Times, aceptó que realiza "actividades de inteligencia", sin embargo rechazó "categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial".

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